“La coparentalidad no es ética porque el hijo no es un derecho al deseo”, afirma experto en Bioética
La coparentalidad o cocrianza - dos o más personas tienen un hijo sin mantener relación afectiva o sexual - es “indigna”, afirma Julio Tudela
- “No existe el derecho al hijo”
- Práctica familiar en auge en Estados Unidos, Francia...
- La mercantilización de los niños
- Evitar la “cosificación de los niños”
Aunque la coparentalidad – por la que dos personas o en ocasiones más de dos tienen un hijo sin mantener una relación afectiva o sexual - se quiere presentar como un nuevo modelo familiar, Julio Tudela, director del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, lo compara con la gestación subrogada.
“No existe el derecho al hijo”
En ambos casos “el hijo se convierte en un mero objeto de deseo en vez de un bien en sí mismo que debe protegerse”.
“La presencia paterna y materna en el entorno familiar constituye el escenario natural para la crianza, que aporta la riqueza y el equilibrio de la diferencia y la complementariedad a la educación responsable de los hijos”, afirma Tudela.
Por otro lado destaca que “prescindir de la complementariedad en un diseño de paternidad o maternidad centrado en el interés egoísta del progenitor que convierte al hijo en un objeto de deseo constituye un atentado contra su dignidad y una manipulación intolerable que no beneficia a ninguna de las partes”.
“No existe el derecho al hijo, que constituye un don para el que lo recibe responsablemente procurando lo mejor para su crianza, en el respeto a su dignidad y derechos”.
Práctica familiar en auge en Estados Unidos, Francia...
El organismo consultivo en materia de implicaciones éticas y sociales, adscrito al Ministerio de Sanidad y renovado en 2023, ha puesto en el foco de atención los posibles riesgos bioéticos de esta práctica familiar en auge en países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido o Canadá, en la que dos personas, que no mantienen una relación de pareja, deciden tener un hijo de forma conjunta.
En España es todavía muy poco frecuente, pero se está abriendo camino a través de agencias intermediarias como Copaping, Modamily o Lullamate, que, obviamente, cobran por sus servicios.
Además de poner en contacto a mujeres y hombres que quieren tener hijos sin tener relación de pareja, estas empresas supervisan el acuerdo de coparentalidad.
“En ningún caso la lógica del mercado en la que se incardinan las agencias intermediadoras, según la cual todo puede ser objeto de intercambio por un precio, debe desdibujar la responsabilidad parental ni convertir al hijo o la hija en un bien de consumo”, recoge uno de los puntos del escrito.
La mercantilización de los niños
De este modo, los trece miembros del comité advierten también sobre la necesidad de priorizar el bienestar y el interés superior del menor, poniendo en cuestión algunas de las prácticas asociadas a la coparentalidad.
Uno de los puntos se centra en la mercantilización que puede derivarse de ella, especialmente cuando se recurre a agencias intermediarias, alertando sobre el riesgo de convertir a los niños en «productos» sujetos a acuerdos contractuales, donde la lógica del mercado prima sobre el bienestar emocional y el desarrollo integral del menor.
Evitar la “cosificación de los niños”
En este sentido, se pone de relieve la importancia de evitar la cosificación de los niños, quienes no deben ser vistos como objetos de deseo o herramientas para cumplir expectativas parentales. El comité insiste en que “todo acuerdo de coparentalidad debe basarse en la dignidad del menor, considerándolo como un ser con derechos propios y no como un medio para satisfacer anhelos adultos”.
Asimismo, los expertos hacen hincapié en la necesidad de reforzar la responsabilidad de los progenitores en los acuerdos. Se recuerda que el «interés superior del menor» debe ser el principio rector en cualquier relación paterno-filial, por lo que se exige una protección social y legal adecuada que garantice el bienestar de los niños nacidos en este tipo de familias.
En definitiva, este organismo insta a una reflexión profunda sobre la cocrianza, insistiendo en la necesidad de regular esta práctica de forma ética y responsable, siempre priorizando el bienestar y el desarrollo integral de los niños y respetando los derechos fundamentales de los menores.
